ANUNCIO QUE SI NO SOMOS CAPACES DE ALCANZAR UN ACUERDO NI CON EL COMITÉ DE EMPRESA, NI EN EL SENO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS CACT, ME VERÉ OBLIGADO A ELEVAR UNA CONSULTA AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA QUE DICTAMINE QUÉ HACER CON LAS PÉRDIDAS MILLONARIAS DE LA RESTAURACIÓN EN LOS CENTROS TURÍSTICOS.

Este próximo jueves será un día crucial para el futuro de los CACT y para Lanzarote. En los últimos diez años, esta entidad de gestión autónoma, habrá arrojado pérdidas en la actividad de la restauración de en torno a unos 34 millones de euros. Creo que a estas alturas, la dirección política está más que legitimada para adoptar medidas, aunque también pretendemos que éstas sean lo menos “traumáticas” posibles para la plantilla de los CACT, y esto pasa por que acepten la última propuesta de la dirección de empresa que está sobre la mesa (después de más de 36 reuniones en esta última etapa), ya que de no ser así, como presidente no puedo sino poner fin a esta situación y respaldar la propuesta técnica del Comité de Dirección y del Consejero Delegado de emprender, este jueves en el Consejo de Administración, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la plantilla. Medida que, sin lugar a dudas, contemplará cambios mucho más duros que la propuesta que actualmente tienen sobre la mesa los trabajadores, que hasta el momento no han aceptado, y que se reducen prácticamente a trabajar 40 horas semanales, esto es media hora más al día, conservando prácticamente íntegros sus derechos hasta la jubilación, y permitir que los de nueva incorporación lo hagan en condiciones distintas, como ocurrió en Inalsa, con condiciones similares a las de cualquier trabajador del sector.

Ante esta situación, si antes de este jueves –concretamente tras la asamblea de trabajadores convocada para este miércoles– el comité de empresa no comunica a la dirección su aceptación y se mantiene en exigir consenso para la modificación del Convenio Colectivo; es decir, el bloqueo indefinido de sus actuales condiciones (como así llevamos más de una década); ni los propios grupos políticos fuéramos  capaces de ponernos  de acuerdo para respaldar la propuesta de la dirección técnica, anuncio que como presidente del Cabildo me veré en la obligación de elevar consulta al Ministerio de Hacienda, en base a la Ley de Racionalización de la Administración Pública, para que resuelva y dictamine sobre su aplicación en el caso de la actividad de restauración de los centros turísticos, teniendo en cuenta que los restaurantes, como tal, no son servicios básicos ni esenciales y que llevan soportando pérdidas consecutivas y auditadas desde que existe contabilidad; acumulando en los últimos diez años pérdidas superiores a los 34 millones de euros, una media superior a los 3 millones de euros anuales.

Dar la espalda a esta realidad en las actuales circunstancias sería una auténtica inmoralidad política y no lo voy a hacer, ni en mayoría ni en minoría.

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